Estimados/as estudiantes y colegas:
Varios docentes estamos preocupados por el contenido del Decreto 0915/26 de la gobernación de Santa Cruz, firmado el 1/09 y publicado en el Boletín Oficial el pasado 22.
Como sabemos, el sector de la Península de Magallanes es un área natural protegida creada mediante la Ley N.º 2316/93 de nuestra provincia. Es, además, colindante con el Parque Nacional Los Glaciares.
Por lo que entendemos —ya que hasta el momento solo se conoce una parte del texto—, el decreto mencionado permite la venta de un terreno perteneciente a la empresa Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, sociedad con capitales extranjeros radicada en Dubái, para el desarrollo de un proyecto turístico denominado “Master Plan Ecocentro”. Según el decreto, el proyecto contaría ya con un estudio de impacto ambiental aprobado, aunque también desconocemos su contenido, cuándo fue realizado, bajo qué procedimiento y cuáles fueron sus alcances y conclusiones.
En definitiva, y en virtud de que nos interesa conocer en profundidad las implicancias de esta normativa excepcional y “por única vez”, estamos reuniendo información proveniente de fuentes oficiales y confiables, con el propósito de contar con los elementos necesarios para comprender el caso en toda su complejidad.
La propuesta es que, una vez reunida y analizada esta información, podamos generar un espacio de charla y debate dentro de nuestra comunidad educativa, que nos permita conocer las distintas dimensiones del tema —jurídica, ambiental, territorial, turística y social— y ponerlas en diálogo para pasar a la acción.
Como vecinos y vecinas de la comunidad, pero también como personas vinculadas de distintas maneras con la actividad turística, creemos que es importante preguntarnos qué implica desarrollar turismo en un territorio protegido, cuáles son los marcos normativos que deben garantizarse, qué responsabilidades tienen los distintos actores involucrados y qué modelo de desarrollo turístico queremos construir para nuestra región.
Informarnos, escuchar distintas miradas y construir colectivamente una reflexión fundamentada, nos permitirá acercarnos a un juicio de valor propio sobre el caso y, fundamentalmente, pensar qué lugar ocupan la normativa, la conservación, el desarrollo turístico y el interés de la comunidad cuando se toman decisiones que pueden tener efectos duraderos sobre nuestro territorio y nuestra soberanía.
Si disponen de información, datos, etc. que deseen aportar, serán muy bienvenidos.
Cordialmente,
Cecilia D'Aversa
Rectora